Documento presentado al Consejo Moral Republicano (18-09-2015) y video resumen por Gonzalo Gómez

Documento

AL PODER CIUDADANO
Tarek William Saab
Presidente del Consejo Moral Republicano y Defensor del Pueblo
Su Despacho.-

Nos dirigimos a Ud. como ciudadanos y ciudadanas, movimientos y organizaciones sociales y corrientes de pensamiento de la revolución bolivariana, que nos agrupamos en la Plataforma para una Auditoría Pública y Ciudadana (www.aporrea.org/contraloria/n271368.html) (1),  cuyo objeto es investigar, detectar y emprender acciones para Detener el Desfalco, la Fuga de Capitales, el Pago de Deudas Ilegítimas y hacer frente a la Corrupción. Anexamos las firmas de los y las participantes en el acto constitutivo de esta plataforma.

Acudimos ante usted, como figura que recoge a las instituciones que conforman el Poder Moral, por cuanto ya nos hemos dirigido en anteriores oportunidades al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, sin obtener hasta ahora respuestas satisfactorias frente a lo que venimos exponiendo y denunciando, y que tiene que ver con la presunta desviación o pérdida de inmensas cantidades de recursos de la Renta Petrolera Nacional y de las divisas del país, tan necesarios para poder enfrentar la actual situación de crisis económica y los agudos problemas sociales que venimos sufriendo como pueblo venezolano, con implicaciones obvias sobre los derechos humanos y el nivel de vida conquistado durante todos estos años del proceso de transformación iniciado con el Comandante Hugo Chávez.

El 27 de febrero de 2013 fue introducida por un grupo de ciudadanos y ciudadanas una exigencia de investigación y sanciones por ilícitos cambiarios ante el Ministerio Público. Distintas organizaciones se concentraron en la Plaza Parque Carabobo (26/02/13 – www.aporrea.org/actualidad/n223911.html) (2) e introdujeron ante la Fiscalía General de la República un documento firmado por los asistentes a la concentración donde exigieron a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz que se activen los juicios y se produzcan sanciones judiciales contra los responsables de la masacre de febrero de 1989  y, a su vez, solicitaron se abra una investigación y se designen Fiscales Especiales para auditar el desfalco que se hizo contra la Republica por hechos vinculados al régimen cambiario.   Una comisión conformada por Jairo Hernández, Iris García,  Zulay Gavidia, José Pereira y Eduardo Samán, miembros del equipo promotor del Encuentro Nacional del Pueblo Bolivariano en Lucha, fue atendida por el Director General contra la Delincuencia Organizada: Dr. Alejandro Castillo y por la Directora General contra la Corrupción: Dra. Neida Rodríguez, quienes recibieron el documento con las exigencias y se comprometieron a nombrar los Fiscales Especiales para iniciar la investigación y, a su vez, manifestaron que la misma quedaba abierta para introducir nuevos elementos probatorios que se irán acumulando en el expediente a fin de avanzar a los procesos judiciales del caso y donde se producirían las sanciones que pudiesen tener lugar.

En dicho documento se expone que: “Resulta un hecho notorio y comunicacional la presencia de “mafias” y/o grupos económicos y financieros que han ‘crecido’ a la sombra del mercado paralelo de divisas, desnaturalizando la esencia de un régimen de control de cambios en el cual se busca proteger al Estado y al Patrimonio Público de la fuga de capitales y darle prioridad a ciertas rubros esenciales de la economía que mejoren la existencia de las condiciones de vida de la población, creando a tal efecto organismos especializados  como CADIVI y el SITME que debían trabajar mancomunadamente con el Banco Central de Venezuela y otros entes públicos para el cumplimiento de sus objetivos: lo cual a todas luces se incumplió y así se evidencia de las declaraciones de los distintos voceros de nuestro gobierno, quienes entre otros argumentos han expresado que no hubo control posterior al otorgamiento de las divisas por parte del órgano administrador.  Aunado a esto se  originó una gigantesca ola especulativa en los precios de bienes y mercancías bajo la premisa de compra de dólares en el ‘mercado paralelo’; por ello se aprecia una grave presunción de comisión de distintos delitos que atentan contra el patrimonio público, el orden económico, financiero del Estado y el salario del pueblo trabajador.”  Se indica que tales actuaciones de carácter delictivo están previstas en distintos cuerpos normativos tales como el Código Penal, la Ley Contra la Corrupción,  Ley de Ilícitos Cambiarios, Ley Contra la Delincuencia Organizada,  Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, entre otros instrumentos legales.

Por otra parte, el 3 de junio de 2015, una comisión integrada por la diputada del Parlatino, Ana Elisa Osorio, por el ex ministro de Estado para la Integración y el Comercio Exterior del Presidente Chávez Gustavo Márquez y por el editor del portal de comunicación popular Aporrea.org Gonzalo Gómez, consignó un documento en la Contraloría General de la República (www.aporrea.org/contraloria/n271555.html) (3), con el respaldo del ex ministro de Educación y de Energía Eléctrica, Héctor Navarro y el ex Constituyente Freddy Gutiérrez, en nombre de los y las participantes en el acto público de lanzamiento de la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana. En el documento (www.aporrea.org/contraloria/a208509.html) (4) se le solicita a dicho órgano que informe públicamente de sus actuaciones y que ordene de inmediato la apertura o agilización de investigaciones, sobre la ocurrencia de un presunto desfalco continuado a la nación. Se le pide que lo haga tanto por su cuenta como con el concurso deseable y necesario de la participación ciudadana,   disponiendo en función de ello la realización de las fiscalizaciones que correspondan para el uso correcto de los fondos del Estado y la aplicación de las medidas administrativas y penales requeridas para acabar con la impunidad de la corrupción.

El documento presentado por la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana condujo a la apertura del caso nº 9420 por parte de la Contraloría General de la República (CGR) y en visitas posteriores a esa institución se supo que estaba en fase de valoración jurídica.

El requerimiento se le hace a la CGR surge, especialmente, a raíz de las revelaciones contenidas en declaraciones de prensa emitidas por la ex presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV), quien también fuera ministra de Finanzas, Edmée Betancourt (24/05/13 – www.aporrea.org/actualidad/n229466.html) (5) y (13/08/13 – www.aporrea.org/actualidad/n234431.html) (6) y por el ex ministro de  Planificación, y de Finanzas, Jorge Giordani (Testimonio y responsabilidad ante la historia. Jorge Giordani – 18/06/14 – (www.aporrea.org/ideologia/a190011.html) (7), quienes revelaron al país pérdida o fuga de miles de millones de dólares (al menos 20 mil millones) del patrimonio nacional, a través del sistema de otorgamiento de divisas,  en los años 2012 y 2013.

La ex presidente del BCV, Edmée Betancourt, durante el corto tiempo en que desempeñó ese cargo en 2013, efectuó unas controversiales declaraciones, en las que hizo saber que en 2012, CADIVI asignó una cantidad considerable de divisas que se las habrían llevado “empresas de maletín”.  Betancourt, quien también fue presidenta de BANDES y ministra del Poder Popular para el Comercio durante el gobierno del Presidente Hugo Chávez, agregó que la cifra alcanzaría los 20 mil millones de dólares, los cuales correspondieron a una especie de “demanda artificial” no asociada a actividades de producción. Dichas declaraciones fueron utilizadas por diversos analistas políticos para solicitar una investigación, en virtud de que dicho desfalco representaría para la nación, pérdidas tan graves  como las asociadas al nefasto paro petrolero de 2002-2003 impulsado por la derecha contra el gobierno constitucional.

En la mencionada carta pública el ex ministro Jorge Giordani hace la siguiente revelación:Me tocó, durante su estadía en La Habana (por tratamiento de su enfermedad), elaborar y hacer llegar un documento al Presidente Chávez a raíz del aumento del endeudamiento del país en moneda extranjera, cuestión que positivamente fue tomada en consideración, paralizando un mecanismo perverso de obtención de recursos que venían siendo dilapidados a través de un mecanismo para la obtención de divisas denominado como SITME…”, una de cuyas bases consistió en el endeudamiento del Estado venezolano, según J. Giordani.

También se dice, en la misma carta, que: “Lamentablemente las cosas fueron tomando un nuevo rumbo con la desaparición física del Comandante Chávez y el comportamiento de las instituciones que se encontraban bajo su control como PDVSA y el BCV, comenzaron a aparecer signos de independencia que se agravaban con la caída de los aportes al fisco fruto del actuar independiente del gobierno central de PDVSA guiada por sus intereses y problemas particulares, al unísono que se tomaban decisiones de gasto público ajenas a un control presupuestario. Cuestiones estas que fueron agravando la situación financiera del país sometido a una campaña desestabilizadora en lo interno y de aislamiento en lo externo.”

Es nuestro criterio que por la importancia y trascendencia de las denuncias expuestas en medios de comunicación por ambos ex ministros, entre ellos quien fuera presidente del BCV, las instituciones nacionales contraloras, fiscales, judiciales, legislativas y de defensa de los derechos de los ciudadanos tendrían que haber actuado de oficio, en correspondencia con sus atribuciones y obligaciones.

En el documento entregado en junio 2015 a la Contraloría General de la República, los integrantes de la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana,  pidieron tomar en cuenta varias investigaciones realizadas por iniciativas colectivas y ciudadanas, que  arrojaron nuevos indicios sobre lo anterior y sobre la presunta ocurrencia continuada de un desfalco a la nación durante varios años (Anexo 3).

Entre las investigaciones realizadas por iniciativa popular, destacamos:

  1. La  efectuada por el Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza, dirigida por L. E. Gavazut (www.aporrea.org/ddhh/a184873.html) (8), que permite identificar a partir de datos oficiales, a las principales empresas receptoras de divisas durante el período del Control de Cambios, y la  concentración escandalosa, con distribución tremendamente desigual de las asignaciones, junto a serios indicios de la presunta ocurrencia de fraudes y sobrefacturaciones en las importaciones efectuadas o que debieron efectuarse con esas divisas.
  1. Estudio, realizado por el Equipo de Investigación de Marea Socialista (www.aporrea.org/contraloria/n257348.html) (9) mostró la presumible ocurrencia de un desfalco y fuga de capitales descomunal, que se estima alrededor de 259.000 millones de dólares de la República desde la implantación del control de cambios, como expresión reiterativa de lo antes denunciado. Por otra parte, indagaciones en torno a la Deuda Pública, con datos oficiales disponibles, conducen a considerar la posibilidad, de que tramos importantes de la misma, pudiesen ser ilícitos o ilegítimos, entre otros factores, debido a la existencia de mecanismos y diseños de instrumentos financieros lesivos para los intereses de la República, como los bonos en doble denominación que son comprados en bolívares y pueden ser negociados o cobrados en divisas, y cuyos intereses son de los más altos que se pagan en el mundo (http://www.aporrea.org/contraloria/n258820.html) (10).

Tomando en cuenta estas investigaciones independientes que fueron publicadas y cuyos enlaces aparecen en este texto, hacemos a modo de ejemplo, una mención especial a la asignación del 70 % de las divisas otorgadas por CADIVI y SITME a sólo 500 empresas transnacionales y nacionales, de un total superior a 10 mil empresas beneficiadas por la asignación de dólares preferenciales entre los años 2004 y 2012 Ver:  Investigaciones de L. E. Gavazut muestran que los sectores en donde se ubican las mayores empresas multinacionales extranjeras dentro de la economía venezolana, no figuran en las exportaciones no petroleras del país, lo cual demuestra su nítida orientación hacia el mercado interno y la captación de las divisas petroleras del país a efectos de repatriación de capitales (http://www.aporrea.org/media/2014/03/la_cosecha._loe..pdf) (11).

Entre las principales empresas receptoras de los más altos volúmenes de divisas, las relacionadas con el Grupo Polar figuran, si se les coloca juntas, como el cuarto mayor receptor de divisas de la renta nacional, siendo que hay fundadas sospechas de que este grupo económico haya adquirido la condición de transnacional y podría estar utilizando divisas del país, a tasa preferencial, para pagar dividendos a sus socios y realizar inversiones en el exterior, en vez de utilizar sus propios recursos externos, en desmedro de los recursos requeridos para atender necesidades imperiosas del pueblo venezolano en alimentación y en salud. Ver: www.aporrea.org/trabajadores/a192652.html (12).

Estas son algunas de las informaciones públicas y resultados de investigaciones preliminares que motivan preocupación y sustentan nuestros reclamos. Especialmente, por el impacto que sin duda tiene la ausencia y pérdida de estos recursos financieros de la nación, en momentos en que debemos confrontar una importante crisis económica y los problemas derivados de la falta de alimentos y productos de consumo básico, que difícilmente se consiguen en  los centros de abastecimiento o que la mayoría de las veces sólo es posible adquirirlos a precios exorbitantes y crecientes.

Entendemos que todos estos problemas atribuidos a una “guerra económica” son expresión de la lógica del capital y al mismo tiempo tienen entre sus principales factores causales el componente de la corrupción y los delitos en los que incurren sectores del capital privado y funcionarios del Estado; constituyendo esto una grave amenaza para el bienestar y los derechos del pueblo, para la estabilidad social y política, y para la revolución bolivariana.

Sin embargo, sentimos enorme preocupación por el hecho de que, hasta el presente, no se tiene conocimiento del adelanto de investigaciones sustantivas ni de la adopción de los correctivos apropiados por parte de los poderes públicos con atribuciones y obligaciones para ello, y tampoco hemos recibido la atención y las respuestas que merecen nuestros reclamos, que estamos seguros, son una inquietud compartida por la gran mayoría del pueblo venezolano. Si bien se han producido algunas actuaciones parciales de organismos del Estado y se han abierto procesos por ciertos hechos de corrupción, se trata apenas de una ínfima parte del volumen estimado de los fondos defraudados entre los que se encontraría la pérdida denunciada por los ex ministros citados (Betancourt y Giordani).

En particular, nos referimos a la falta de respuesta acorde con la gravedad de los hechos que denunciamos y con la urgencia del tema, por parte de dos instituciones componente del Poder Moral, como lo son el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Al mismo tiempo, pensamos que, por las implicaciones que esto tiene en materia de derechos humanos, por las repercusiones económicas, sociales y políticas, es necesario el involucramiento de la Defensoría del Pueblo, junto con el Consejo Moral Republicano que usted preside.

Por todo lo que aquí detallamos, venimos impulsando acciones colectivas de participación ciudadana, en ejercicio del derecho a la Contraloría Social garantizada por la Constitución y por nuestras leyes (Principios 4, 5 y 6 de la CRBV, Arts. 28, 51, 57, 58, 62, 141, 143, 273, 274, 289 y Ley Orgánica de Contraloría Social en su totalidad) como pueblo soberano y como poder popular, con la finalidad de identificar situaciones irregulares, ilegales e ilegítimas, así como a sus responsables y presionar para la adopción de las medidas administrativas, económicas, políticas y judiciales, necesarias para impedir la continuación del desfalco, acabar con la impunidad de los hechos y recuperar los recursos perdidos o procurar la compensación de los daños causados al patrimonio público nacional y a la población. Más no se trata sólo de un esfuerzo dirigido a la defensa y rescate de recursos económicos del país, sino que apuntamos, de una manera muy especial, hacia un propósito imperioso de recuperación ética del Estado y de la sociedad, frente gravísimas afrentas y riesgos que estamos confrontando, lo que ciertamente supondría un reimpulso de las  transformaciones sociales que iniciamos con el presidente Hugo Chávez a partir del Proceso Constituyente de 1999.

Por tales razones, acudimos a usted, como presidente del Consejo Moral Republicano, para que incida positivamente en la agilización de las respuestas y de las acciones requeridas para esclarecer la situación descrita, para que se adopten las medidas preventivas, cautelares, remediales o punitivas, requeridas para frenar la continuidad de presuntos hechos relacionados con el desfalco, la fuga de capitales, el pago de deudas ilícitas y de diversas manifestaciones de la corrupción, así como para propiciar que se tomen las medidas conducentes a la recuperación de los recursos sustraídos al patrimonio público, incluido el otorgamiento de todas las facilidades posibles para el ejercicio del derecho a la contraloría social por parte de la ciudadanía respecto a los asuntos ya citados.

Sobre las denuncias que efectuamos, le pedimos considerar los documentos presentados a las instituciones constitutivas del Consejo Moral Republicano y que se inste a todas éstas instituciones y a los demás órganos de la República a quienes corresponda, para que informen al respecto y asuman sus responsabilidades.

Le proponemos mantener un seguimiento especial a la atención, a las respuestas y a las acciones institucionales que deben producirse frente a cuestiones de tan alta importancia para el Estado y para la sociedad venezolana. Y en vista  de que los indicios del desfalco son tan evidentes, sin que se tenga conocimiento de aplicación de medidas efectivas para darle fin, y teniendo elementos para presumir, por el contrario que dicho desfalco pudiese continuar, porque con el sistema de otorgamiento de divisas actual, regido por CENCOEX, también se ha sabido de casos (Ensayo Divulgativo: La verdad sobre las listas de empresas de maletín publicadas por el Ministerio Público y CENCOEX.- Luis Enrique Gavazut27/08/14 – www.aporrea.org/ddhh/a193939.html) (13).  En este sentido nos preocupa que, CENCOEX, no haya venido publicando informes de las adjudicaciones de divisas efectuadas en los años 2014 y 2015, contentivos de las listas de las empresas y los montos adjudicados.

Por todo lo anterior creemos que se debe tomar una serie de medidas preventivas que contribuyan detener el desfalco, mientras avanzan las investigaciones y se adoptan otras medidas, de tipo correctivo, de carácter administrativo, judicial y penal; así como medidas destinadas a tratar de recuperar los recursos desfalcados y capitales fugados, incluida la posibilidad de evitar desembolsos para el pago de deudas públicas ilícitas y la emisión de bonos con doble denominación.

Entre estas posibles medidas contra el desfalco y la corrupción que podrían adoptarse en uso de la Ley Habilitante por el Presidente de la República, proponemos las siguientes:

  1. Apertura y agilización de investigaciones por parte del Ministerio Público y la Contraloría General de la República, así como por parte de la Asamblea Nacional respecto a las denuncias efectuadas por  ex ministros, ex presidentes y ex directores de instituciones de gobierno, del área económica y financiera  u otros entes y empresas públicas, relacionadas  con hechos que  puedan constituir desfalco, fuga de capitales, fraudes u otras formas de corrupción con efectos lesivos sobre el patrimonio nacional y sobre los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, como el caso de los dólares administrados por CADIVI y SITME.  Igualmente, el inicio de una Auditoría Pública nacional, abierta a la participación social y la facilitación de las iniciativas de Auditoría Ciudadana y Contraloría Social al respecto.
  1. Que al menos las 500 empresas que  recibieron el 70 % de las asignaciones de divisas en estos años sean puestas en observación y que mientras se efectúan las investigaciones y auditorías pertinentes, tales empresas no reciban nuevas adjudicaciones de dólares preferenciales, ocupándose el Estado, bajo control social, del manejo de las divisas requeridas para las importaciones.
  1. Que se publiquen los listados completos, indicando los nombres de las empresas y los montos, de todas aquellas que hayan sido receptoras de divisas otorgadas por el Estado durante los años 2014 y 2015 a través del SICAD como organismo adjudicador de divisas.
  1. Que se efectúen averiguaciones destinadas a verificar si hay empresas que pudiesen estar utilizando la adquisición de dólares preferenciales obtenidos en Venezuela para pagar a sus accionistas en el exterior.
  1. Someter a investigación a los funcionarios altos y medios que hayan estado en los organismos de administración del control de cambios, adjudicación de divisas, entes financieros públicos y fondos del Estado, con la adopción de las medidas cautelares pertinentes durante las indagaciones. Adoptar las medidas cautelares correspondientes, en el curso de la investigación planteada: a) Prohibir enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, tanto a civiles como a militares que estén sometidos a escrutinio. En el caso de funcionarios militares que se suspenda durante el proceso de investigación cualquier posible ascenso al grado superior y como pena accesoria la aplicación de la sanción de degradación pública. b) Tramitar la extradición inmediata de funcionarios altos y medios que estén en el exterior del país y sobre los que hubiesen sospechas o fundados indicios de corresponsabilidad en el robo a los dineros públicos. c) Arbitrar las fórmulas pertinentes que faciliten la repatriación de capitales fugados y que se administre justicia conforme a los preceptos constitucionales que gobiernan la República.
  1. Que se establezca un Presupuesto en Divisas (dólares) para gastos del Estado, tal como lo anunció el Presidente Nicolás Maduro el 6 de noviembre de 2013 (www.aporrea.org/actualidad/n239423.html) (14) para mantener control sobre las divisas que ingresan y poder racionalizar su distribución con arreglo a las prioridades nacionales, por cuanto no se tiene conocimiento de la existencia del presupuesto conocido para el manejo de las divisas.
  1. Generar información pública que permita conocer quiénes son los tenedores de Bonos de la República de cada una de las emisiones efectuadas en doble denominación (Bs – $) ya vencidos y cancelados o con vencimientos en los próximos años, por cuantiosísimas cantidades de dólares que comprometen el futuro de la República. Auditar la Deuda Interna y Externa y considerar la moratoria de la deuda como una de las alternativas para evitar el pago de deudas ilícitas mientras se realiza la investigación.
  1. Elaborar y aprobar una nueva Ley Anti Corrupción, por la vía de la Ley Habilitante vigente, que sea efectiva como instrumento para impedir la captura y desvío de divisas de la renta nacional, y que sancione la existencia de confusiones y conflictos de intereses, incluyendo el “nepotismo”.
  1. Generar un conjunto de disposiciones legales, normativas e instrucciones que combatan el “nepotismo” en la Administración Pública, derivado de las relaciones de parentesco, afinidad y consanguinidad entre funcionarios públicos y altos personeros de los órganos de gobierno. Detectar y resolver estas situaciones en el ejercicio de la función pública.
  1. Evitar la concentración de varios cargos y responsabilidades simultáneas en el ejercicio del gobierno y en la conducción de instituciones y empresas del Estado por las mismas personas.
  1. Ordenar la realización de licitaciones públicas, en lugar de las asignaciones directas de contratos.
  1. Aprobar el Reglamento de la Ley Orgánica de Contraloría Social.
  1. Aplicación real de la Ley de Infogobierno. Garantizar la transparencia y accesibilidad permanente a las cuentas públicas, de la información financiera, presupuestaria, contable, etc., por Internet. Publicación actualizada de las estadísticas económicas y sociales. Publicación de informes sobre la ejecución y datos contables sobre proyectos financiados mediante endeudamiento y por la vía de fondos financieros del Estado. Información pública disponible sobre saldos y utilización de fondos del Estado: FONDEM, Fondo Chino y otros.
  1. Reorganizar y establecer control centralizado de los tributos parafiscales. De igual modo, eliminar la creación de nuevos tributos parafiscales, así como revisar y auditar la gestión financiera de las Fundaciones que se han creado en torno a los entes de la Administración Pública.
  1. No permitir uso del crédito para el endeudamiento interno (presupuestario) en doble denominación (Bs -$) por constituir un mecanismo favorecedor de la especulación financiera que contribuye a socavar nuestros recursos en divisas y atenta contra nuestra moneda.
  1. Garantizar la aplicación del Art. 116 Constitucional que prevé la confiscación de bienes de los responsables de delitos contra el patrimonio de la nación, además de las multas o las penas de privación de libertad que puedan corresponder, previo juicio y sentencia, como una vía para lograr la recuperación o compensación de las pérdidas.
  1. Hacer contemporánea la expresión de nuestro Libertador Simón Bolívar: “Moral y Luces son Nuestras Primeras Necesidades”, mediante una campaña de formación y activación ciudadana en la contraloría y control social sobre los asuntos públicos.

PRESIDENTE DEL PODER CIUDADANO:

Según las investigaciones que hemos realizado o recopilado como Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana, tenemos el convencimiento de que nos encontramos ante un desfalco excepcional cometido por sectores del capital y elites de poder, por lo que acudimos a usted como autoridad principal de los entes que deben asumir la lucha contra la corrupción y la defensa del patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas; patrimonio que en buena medida es la base de la garantía de sus derechos humanos.  En este sentido, creemos que es fundamental también el involucramiento de la Defensoría del Pueblo en los asuntos aquí planteados, junto con los demás entes del Poder Ciudadano. En relación con los Derechos Humanos, por ejemplo, son conocidas las implicaciones de mecanismos como la fuga de capitales a partir del otorgamiento descontrolado de divisas, en vinculación con el fraude y la sobrefacturación de importaciones (hechos identificados públicamente por el gobierno nacional), por los cuales dejaron de entrar al país grandes cantidades de alimentos y medicamentos necesarios para el sustento y salud del pueblo venezolano y se produjo una disminución de los recursos disponibles para la importación de productos básicos de consumo popular.

Algo como este desfalco excepcional que señalamos, requiere de medidas también excepcionales, frente a la magnitud de los daños y de los delitos que se habrían cometido o podrían seguirse cometiendo. Para alcanzar la Máxima Felicidad Social en una Patria Socialista, es un imperativo detener y derrotar la corrupción y el desfalco con mano de hierro y con todos los resortes constitucionales y legales aplicados en su máxima expresión, utilizando para ello como una de las más poderosas palancas la acción del Consejo Moral Republicano en conjunción con los demás organismos del Estado y de gobierno, y sobre todo, en conjunción con la diversidad de expresiones del Poder Popular.  El Poder Ciudadano, es una de las conquistas de nuestro proceso revolucionario constituyente que junto con el Poder Popular está llamado a llevar la iniciativa de la lucha contra los flagelos de la corrupción y la impunidad, frente a los cuales insurgió nuestro Comandante Chávez junto a su pueblo bolivariano y que hoy vuelven a tratar de interponerse, amenazando los logros de nuestra revolución y su porvenir. ¡Defendamos esos logros y aseguremos el futuro socialista!

En Caracas, a los 18 días del mes de septiembre de 2015, libres de todo apremio y coacción, adherimos los planteamientos arriba expuestos.

Firmas de personas y organizaciones que participan del Comité Impulsor de la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana, y firmas de adherentes:

   Héctor Navarro Díaz                      Ana Elisa Osorio                    Gustavo Márquez Marín

CI: 3.714.184                               CI: 4.056.575                               CI: 3.292.852

Oly Millán Campos                    Gonzalo Gómez Freire                    Juan García Viloria

CI: 6.898.671                                CI: 4.256.854                                  CI: 649.571

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