La iniciativa

Declaraciones de la ex presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt y del ex ministro de  Planificación y de Finanzas, Jorge Giordani, revelaron al país pérdida o fuga de miles de millones de dólares del patrimonio nacional, a través del sistema de otorgamiento de divisas,  en los años 2012 y 2013.

Una investigación efectuada por el Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza, dirigida por Luís Enrique Gavazut (www.aporrea.org/ddhh/a184873.html) permitió identificar las principales empresas receptoras de divisas durante el periodo del Control de Cambios, y otro estudio, realizado por el Equipo de Investigación de Marea Socialista (www.aporrea.org/contraloria/n257348.html) mostró la ocurrencia de un desfalco y fuga de capitales descomunal, que se estima alrededor de los 260 mil millones de dólares de la República desde la implantación del control de cambios, como expresión continuada de lo antes denunciado.

Algo así sólo puede suceder por  una escandalosa corrupción y por la existencia de mecanismos financieros que permiten el saqueo del tesoro nacional por sectores capitalistas y por la burocracia que interviene en las transacciones.

Es indudable que todo ello tiene un impacto sobre la disponibilidad de divisas para financiar el desarrollo del proyecto socialista y para sostener las condiciones de vida de los venezolanos.  Pero, sin embargo, hasta el momento, no se tiene conocimiento de investigaciones de la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, sobre lo ocurrido con esos recursos de la nación ni sobre los responsables de semejante daño infringido a la población, al pueblo trabajador y al país.

Frente a esto, un grupo de ciudadanos y ciudadanas, nos hemos constituido en Comité Impulsor de una iniciativa de Auditoría Pública y Ciudadana para Detener el Desfalco, la Fuga de Capitales, el Pago de Deudas Ilegítimas y hacer frente a la Corrupción, males que socavan la renta petrolera y los recursos de la nación venezolana, contribuyendo a agravar los problemas generados por la “Guerra Económica” y los problemas de desabastecimiento e hiperespeculación que viene soportando nuestro pueblo.

Su finalidad es detectar situaciones irregulares, ilegales e ilegítimas, identificar a los responsables y presionar para la adopción de las medidas administrativas, económicas, políticas y judiciales, necesarias para impedir su continuación, acabar con la impunidad de los hechos y recuperar los recursos perdidos o procurar la compensación de los daños causados. No se trata sólo de la recuperación de recursos económicos, sino también de una recuperación ética indispensable para la defensa y relanzamiento de la revolución bolivariana.

Antecedentes internacionales de movimientos por una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública en países de América Latina, la auditoría de la deuda en Ecuador, los tribunales y juicios internacionales de la deuda, la creación de la Comisión de la Verdad para investigar la deuda griega, hace que a los factores nacionales se sumen vientos favorables para proponer una auditoría integral, autónoma y ciudadana en Venezuela.

Nuestro propósito es promover un gran ejercicio de participación activa del Poder Popular,  enfocado sobre las finanzas públicas y el sistema de otorgamiento de divisas, sobre los fondos del Estado, la contratación y manejo de la Deuda Pública, y sobre todas aquellas actividades de la banca, de las transnacionales y de las grandes empresas privadas que pudieran estar relacionadas con la fuga de capitales, el fraude en las importaciones, la especulación cambiaria, el empleo de mecanismos de captura y sustracción de la renta nacional o con la apropiación indebida de bienes nacionales, entre otras manifestaciones de la corrupción, poniendo especial énfasis en todo aquello que pueda estar repercutiendo en la crisis económica  que viene padeciendo actualmente el pueblo venezolano.

Este ejercicio contralor, sustentado fundamentalmente sobre los derechos constitucionales del pueblo soberano y sobre la Ley Orgánica de Contraloría Social, no va dirigido únicamente a las finanzas nacionales, sino que podrá incorporar también a sectores específicos en los que surja una base social dispuesta a impulsar la Auditoría Ciudadana, especialmente en empresas públicas y privadas dedicadas a la producción de alimentos, medicamentos y productos de consumo básico o masivo. Igualmente, allí donde los trabajadores deseen someter a revisión el manejo de divisas obtenidas por los empresarios para la importación o el destino de bienes y recursos administrados por funcionarios del Estado.

En principio, para promover dicha propuesta y asumiendo la figura de Comité Impulsor, un grupo de revolucionarios y personas de reconocida trayectoria,  entre ellas Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro, Franscisco Visconti, Freddy Gutiérrez, Oly Millán, Paulino Núñez, conjuntamente con integrantes de Marea Socialista y de la Red Venezolana Contra las Deudas, Capítulo Venezuela del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM-AYNA), nos hemos venido reuniendo y evaluando información preliminar, para convocar a la creación de una Plataforma social y política, amplia y diversa de lucha por la Auditoria Pública y Ciudadana, constituida por movimientos sociales, frente, colectivos populares, sindicatos y consejos de trabajadores, organizaciones comunales, intelectuales, profesionales y militantes de la revolución bolivariana o simplemente gente honesta deseosa de defender a la patria.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s